El Colegio de Enfermería de Toledo, indignado ante el empeño del ministro de Sanidad de engañar a la profesión enfermera y a la opinión pública sobre la prescripción

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El presidente del Colegio, Roberto Martín, afirma que “el Real Decreto actual puede causar graves perjuicios al sistema sanitario y a la población en general”

El Colegio de Enfermería de Toledo se suma a la indignación manifestada por la Mesa de la Profesión Enfermera ante la negativa del ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, a  cambiarel Real Decreto que regula la prescripción enfermera, e intentar ahora, con la convocatoria del Foro Profesional, engañar –de nuevo- a los profesionales y confundir a la opinión pública.

En este sentido el presidente del colegio toledano, Roberto Martín, afirma que “la supuesta llamada al diálogo que supondría esa reunión carece de sentido desde el momento en que el titular de Sanidad reconoce abiertamente que no piensa modificar el RD pese al clamor autonómico, pero además en la situación actual ni siquiera tiene potestad para hacerlo”.

Además Roberto Martín va más allá al afirmar que “recordemos que, tal y como está redactado el Real Decreto actualmente en vigor, es incompatible con la actividad diaria que realizan los enfermeros y puede causar graves perjuicios al sistema sanitario y a la población en general”. De hecho afirma que “otra de las grandes preocupaciones de nuestro colectivo son las coberturas de la póliza de responsabilidad civil, que entiendo no cubrirían un incidente que ocurriera fuera del marco de la legalidad actual”, por lo que subraya que la preocupación en el sector es “máxima”.

Un problema que el propio ministro ha generado

La Mesa, integrada por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería, SATSE, considera “muy cobarde” la actitud del titular de Sanidad de convocar el citado Foro e intentar trasladar a los profesionales un problema que él mismo ha generado. Del mismo modo resulta indignante la cerrazón de Alonso al ignorar que la mayoría de las comunidades  autónomas quieren una nueva redacción del Real Decreto, consensuado con la profesión enfermera, que acabe con la grave situación de inseguridad jurídica y deterioro asistencial que se está produciendo en todos los servicios de salud.

Asimismo, la Mesa apunta que, en todo caso, el Foro Profesional debería haberse convocado antes de que el Gobierno decidiese en el último minuto “echar a la basura” los acuerdos alcanzados a lo largo de muchos años con los profesionales, los partidos políticos y los gobiernos autonómicos y aprobar una norma que perjudica a todos y que sólo responde a los intereses “trasnochados” de cierta élite médica.

El desinterés y desprecio del ministro queda patente desde el momento que decidió no convocar un Consejo Interterritorial monográfico para abordar este tema, como le pedían muchos consejeros autonómicos, y relegar al punto 23 del orden del día de la reunión el problema de la prescripción enfermera. En la nota de prensa emitida desde Sanidad, la crisis desatada por el decreto se despacha en apenas cuatro líneas y sin aportar una solución efectiva. 

Postura conjunta de la profesión enfermera

De otro lado, tanto SATSE como el Consejo General de Enfermería valoran positivamente la actitud de rechazo al texto normativo de la mayoría de las consejerías de Sanidad autonómicas en el seno del Consejo Interterritorial, aunque les reiteran que, hasta que ésta no se modifique, deben cumplirlo en todos sus extremos y no trasladar a los profesionales que nada ha cambiado y que todo sigue igual. Desde la Presidencia de las dos organizaciones se asegura que “sólo confiamos en las consejerías para que den una solución conjunta al problema existente”.

La Mesa de la Profesión Enfermera reitera que el Real Decreto contradice lo establecido en la Ley del Medicamento en lo relativo a la participación de la Enfermería en la prescripción de determinados medicamentos sujetos a prescripción médica, y ha provocado, además de una lamentable situación de inseguridad jurídica, un gran un malestar y frustración entre los propios profesionales de enfermería, así como complicaciones en la atención a los ciudadanos.